José Luis Almazán Palomino, CEO de OCP: “Es buen momento para reflexionar sobre el futuro de la gobernanza y tasas en el sector portuario”
Las reclamaciones del sector inversor español y gestor de activos portuarios
El sector portuario es uno de los principales motores de la economía y del crecimiento económico en España. El contexto del sistema portuario español ha evolucionado desde la última reforma del año 1992. Por tanto, empresarios e inversores del sector, como José Luis Almazán, entienden que el sistema actual de tasas y gobernanza ha quedado desfasado. Así lo han expresado en el foro de los puertos: “Los puertos españoles como clave del desarrollo económico”.
Según los datos actualizados del sector “el año pasado se movieron más de 560 millones de toneladas de mercancías«. La inversión privada en los últimos años: «Ha crecido por encima de la pública” indica, José Luís Almazán Palomino. Ante esta nueva realidad de interés general del estado, en los puertos se plantea ir hacia modelos más avanzados. Para ello se incorpora la iniciativa privada en el proceso de toma de decisiones y gestión de las infraestructuras.
En España, antes funcionaba el modelo «Tool Port».
Pero, ¿qué es el Tool Port? Es un modo de gestión portuaria. En él, la Junta es responsable tanto de la construcción de la infraestructura portuaria como de su explotación.
El modelo empleado actualmente es «Landlord Port». ¿y qué significa Landlord Port? Lo que quiere decir es que la Autoridad Portuaria es responsable de la gestión del Dominio Público Portuario.
De esta manera, regula los servicios prestados por el sector privado en el terreno público. Las inversiones que han permitido una amplia capacidad del sistema portuario de interés general ya han sido realizadas. Por ello, es necesaria una reflexión sobre los nuevos posibles modelos de gestión portuaria. Mención especial merecen los modelos de gestión adoptados recientemente en modernos países como es el caso australiano.
El margen de ajuste de los fletes
La crisis derivada del incremento de costes del flete marítimo pone al descubierto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Esto ha arriesgado los procesos de producción, basados en las garantías de suministro del modelo «just in time». También han surgido posiciones dentro del sector que apuestan por bajar las tasas portuarias tratando de ajustar los fletes. Otras hablan de estimular, o al menos no limitar, el crecimiento económico y la creación de empleo. En definitiva, se trata de bajar las tasas portuarias de forma progresiva en beneficio de la economía. Al ser esto objeto del sector público, se estimula el crecimiento de la riqueza y el empleo ordenadamente.
Diferentes agentes indican la necesidad de ajustar urgentemente el coste de los fletes marítimos. Al mismo tiempo abogan por reducir las tasas portuarias. Para José Luis Almazán, “el fin es conseguir un impacto positivo en la economía real y mejorar la competitividad».
Una posible bajada de las tasas portuarias
De acuerdo al estudio realizado por FEDEA, existe un margen de corrección a la baja en las tasas portuarias. Según José Luís Almazán Palomino, “hay un margen, al menos- de un 20% para bajar las tasas portuarias. Esto incrementaría la competitividad empresarial y daría la oportunidad a las terminales portuarias de reinvertir sus recursos”.
Asimismo, en el foro “Los puertos españoles como clave del desarrollo económico”, organizado por la asociación de inversores portuarios, PIPE, el periódico El Confidencial y la empresa Herbert Smith Freehills , representantes de diversos sectores como, el del automóvil y el jurídico, también han destacado lo importante que es tomar estas medidas de reducción, o al menos limitación, de los costes logísticos y de transporte, en beneficio de la economía y al empleo en su conjunto.
El Marco Estratégico y la modificación de la Ley de Puertos
En este contexto el ente público Puertos del Estado y las veintiocho Autoridades Portuarias consensuaron la propuesta para el nuevo marco estratégico del sistema portuario español en el pasado mes de julio. Este marco está a la espera de los fondos necesarios para su tramitación y de incluirlos en los Presupuestos Generales del Estado, y será aprobado en el primer trimestre del año que viene.
Ante esta previsible reforma normativa, los representantes de algunos puertos, como los catalanes y valencianos, han alzado la voz y ven necesario aportar una mayor autonomía portuaria. Al mismo tiempo, apuestan por la sostenibilidad y por flexibilizar la posible rebaja de las tasas portuarias.
De hecho, a comienzos del año, se remitieron dos propuestas de enmiendas al anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado, Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima.
Ante las diferentes circunstancias que se presentan en España a nivel portuario, en opinión de Almazán ”hay que ver la situación puerto a puerto, porque hay puertos que por razones de alejamiento e insularidad cumple una función distinta”.
El reto está en integrar el sector privado en la gobernanza portuaria
El cambio en la gobernanza es una de las principales reclamaciones de los inversores españoles a las autoridades estatales. Desde el sector inversor portuario apuestan por que se incremente la presencia del sector privado en la toma de decisiones de las autoridades portuarias. En un contexto en el que hay una necesidad de agilizar los procesos de ampliación en los plazos de concesiones, entre otros aspectos- indican los responsables.
Y en este escenario, José Luís Almazán Palomino señala que actualmente “no se enfoca en el desarrollo del negocio, desaprovecha las oportunidades brindadas por las nuevas tendencias del mercado marítimo y no incorpora el valor añadido generado por el sector privado “
En general el sector no parece satisfecho con la reciente modificación de la Ley de Puertos. Desde la perspectiva actual, la gestión se centra en políticas públicas desaprovechando las oportunidades nuevas del mercado marítimo
Este debate está sobre la mesa hace años. Se trata de elegir entre un modelo articulado por la administración pública central, la administración autonómica y la local ó bien apostar por comenzar a ceder capacidad de decisión al sector privado.
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